Incertidumbre en empresas de vigilancia ante una posible regulación de las armas

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Para las empresas de seguridad, los vigilantes desarmados quedarían a merced de los delincuentes.

A escasos seis días de haberse aprobado el proyecto final de la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones, por parte de la Comisión Mixta, y en espera de ser debatido en la plenaria de la Asamblea Nacional para su sanción definitiva, surge incertidumbre y preocupación en las empresas de vigilancia privada del Táchira, ante un posible desarme de esas compañías.

Según el diputado de la AN por el Psuv Freddy Bernal, presidente de la referida Comisión Mixta, “60 mil armas de fuego, pertenecientes a las empresas de vigilancia del país, serán destruidas una vez sea aprobada la Ley para el Desarme”, en declaraciones emitidas durante el programa Toda Venezuela, que transmitió VTV el pasado lunes 4 de junio.

Aunque los directivos de las empresas de vigilancia privada del estado se mantienen en reserva, se pudo conocer de manera extraoficial que la mayoría no está de acuerdo en desarmar a ese pequeño sector de la sociedad, que brinda resguardo a otros ciudadanos; ya que las armas se usan como factor disuasivo ante los delincuentes, mas no como elemento visible que provoque al ladrón.

Y en efecto, han sido muchos los casos publicados en los medios de comunicación sobre robos a empresas o entidades, donde los heridos o muertos han sido justamente los vigilantes privados. Por tanto, se demuestra que estos funcionarios se enfocan en brindar resguardo y seguridad, antes que en usar su arma como un instrumento letal.

Para los vigilantes que se desempeñan en el área de seguridad privada, trabajar sin armamento no tendría sentido. “Sería como desarmar a toda la población para darle luz verde al hampa”, dijo un trabajador del ramo que prefirió omitir su nombre. De manera que un promedio de millón 200 mil hombres, que laboran en esta área en todo el país, se verían afectados con la medida anunciada por el diputado Bernal.

En Latinoamérica existen leyes de seguridad privada para normar este aspecto, siendo Brasil el país que tiene una de las experiencias más significativas en el tema de desarme. Incluso, cuenta con helicópteros y aviones para lo concerniente a la seguridad, que comprende no solo el tema de vigilancia privada y custodia de valores, sino, además, la seguridad electrónica, escoltas y el blindaje de vehículos.

Además, la creación de la empresa Corporación de Servicios de Vigilancia y Seguridad (Corposervica), concebida por el Ejecutivo nacional para prestar servicios de vigilancia a los organismos y entes de la administración pública, genera dudas en cuanto a una posible nacionalización de las organizaciones privadas prestadoras del servicio.

Urge al sector empresarial de seguridad privada un pronunciamiento del Gobierno nacional acerca del papel que jugarán estas compañías en la Ley de Desarme, porque para algunos empresarios es contradictorio que la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) continúe fiscalizando el parque de armas de algunas empresas, si bien después van a decomisar esas armas para destruirlas; y que luego de tres años de inoperatividad se activara nuevamente la Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (Digeservisp), adscrita al Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana, que tiene como misión procesar y analizar las solicitudes de permiso de funcionamiento de las empresas, para su otorgamiento, renovación o revocación del mismo.