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La prohibición de venta de armas a particulares, que entra en vigencia este viernes primero de junio, no tomó por sorpresa a los encargados de las pocas armerías que quedan en San Cristóbal. Y es que desde que el Gobierno centralizó la venta de armas y municiones en 2009, las armerías migraron paulatinamente a la venta de rubros como rifles, pistolas de aire, armas blancas y accesorios.

La gran mayoría de comercios de este ramo tenían licencia para importar y ofrecer una amplia gama de marcas y calibres a sus clientes. Pero en esos locales la venta de armas de fuego y municiones pasó a segundo plano, y el recuerdo que queda de esa actividad se observa en afiches que decoran los establecimientos, donde destaca la exhibición de implementos deportivos para pescar, escalar, acampar, y afines.

En algún tiempo esos establecimientos también llegaron a tramitar el porte de armas y hasta los encargados iban a Caracas a llevar los documentos. Hoy solo queda la prestación del servicio de mantenimiento, que también está en entredicho en la Ley Penal para el Desarme y Control de Municiones.

Según el criterio de especialistas en el ramo, habrá que volver al pasado, cuando los interesados en adquirir un arma o efectuarle mantenimiento acudían a Cúcuta.

“La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) prácticamente tenía el monopolio de la venta de armas a civiles”, aseguró un experto en el área, que prefirió mantener en reserva su nombre. Por tanto, hace años las armerías migraron a la venta de otros rubros, aunque les cuesta creer que la delincuencia o porte ilegal de armas se ataque desde el comercio privado y no desde las calles.

Las políticas del Estado venezolano están destinadas a la erradicación del uso de armas de fuego por parte de civiles. En tal sentido, el porte de armas se irá eliminando paulatinamente, para que en un futuro próximo las armas sean utilizadas únicamente por funcionarios de la Fanb, los cuerpos de seguridad ciudadana y seguridad privada.

De manera que no habrá una suspensión del porte sino de su tramitación, por un lapso de un año, que le permita al Estado recoger el armamento que no esté legalmente en la calle, a fin de garantizar el control.

Marcadas e identificadas

En cuanto a los organismos de seguridad, la ley contempla que deben tener su armamento debidamente marcado e identificado. Ángel Perdomo, director gerente de la Policía Municipal de San Cristóbal, explicó que ese armamento marcado es lo que se conoce como OP o número de registro para los cuerpos de policías. En el caso de la Policía de San Cristóbal es OP95, que le identifica en cualquier parte.

—Existe una necesidad por parte del Estado venezolano de tener control sobre las armas que están en la calle, debidamente permisadas. En eso se está trabajando con la nueva Ley de Armamento y el Plan Desarme. En ese sentido se venían comercializando las armas a través del comercio privado (armerías), y actualmente habrá más control, siendo Cavim el único ente autorizado para la venta de armas—.

De acuerdo con la Ley de Desarme, las municiones también vendrán marcadas e identificadas con el número de registro policial y el año, en aras de identificar a quién pertenece una munición (organismo policial o militar, nacional, estadal, municipal, o a un particular), en cualquier procedimiento policial o no policial, donde haya uso de un arma de fuego.

—Esto permitirá tener un mayor control sobre el armamento que de manera legal está en la calle y también detectar que personas u organismos que tienen su OP legalizado estén prestando munición para cometer otros tipos de acciones. Es tener conocimiento en qué se está utilizando la munición y quién puede estar haciendo negocio con la munición asignada—.

Agregó Perdomo que hay una disposición transitoria que plantea que la munición que poseen los cuerpos de seguridad va a ser revisada por la Dirección de Armas y Explosivos, quien dará un tiempo prudencial para cambiar las municiones y que éstas sean marcadas. “Todo redundará, a la larga, en tener control sobre el armamento, de cara a disminuir el uso de armas de fuego en hechos delictivos”.

Mariana Contreras