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Venezuela - Miércoles 23 julio, 2014

Infogeneral - 27 junio, 2012 | 12:00 AM

Serán seis municipios del Táchira las sedes de los tribunales penales

Ana Casanova, juez rectora del estado Táchira. (Foto: Omar Hernández)

La juez rectora del estado Táchira, Ana Ildiko Casanova Leal, anunció que en el estado Táchira fueron seleccionados seis municipios como priorizados, es decir, que van a ser sede de los tribunales municipales penales, que se crearán a raíz de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (Copp).

Y aunque no precisó cuáles son dichas jurisdicciones, estimó que para noviembre estarán en funcionamiento. “Estamos haciendo una adaptación, hasta ahora nos dieron la señalización de cuáles son los municipios priorizados y estamos en busca de sede”.

Informó que en esos municipios van a crear una estructura que se va a llamar la Casa de la Justicia, la cual va a converger en el tribunal municipal penal, el Ministerio Público y la defensa pública, “y que son los que tienen que conocer de todos los delitos que se cometan, cuya pena no sea superior a los ocho años, es lo que llaman los delitos menos graves, porque los delitos de lesa humanidad, los graves que se llaman, serán conocidos normalmente por los tribunales ordinarios”.

La juez rectora respondió sobre las novedades del Copp, durante una sesión solemne del Concejo Municipal de San Cristóbal, donde recibió el Botón de Oro de la ciudad, donde expresó satisfacción por el reconocimiento.

Consideró que esos tribunales son la figura más importante, lo cual está enmarcado en la Gran Misión Venezuela, que hizo un estudio sobre los estados con mayor incidencia delictiva y, en consecuencia, se hizo una selección de los municipios.

Casanova Leal señaló que no se logró que hicieran un nuevo código orgánico, pero sí la reforma a los artículos más importantes, que consideraron quienes participaron en la discusión y la adaptación a la Constitución de la República, “en atención a que el Código que estaba vigente era preconstitucional, no habían sido adaptadas algunas normas a lo que establece la Constitución”.

– Creo que se ha dado un avance, y la meta más importante que se quiere lograr es procurar que se le dé celeridad a los procesos, que se combata, con mayor contundencia y con un sentido mucho más social y humanizador, lo que es la impunidad.

Con relación a la eliminación de los escabinos, indicó que fue una experiencia importante, considerada como la participación más directa del pueblo en los actos jurisdiccionales, “porque realmente constituían unos jueces, los escabinos vendrían era a considerar, con el juez titular, la figura del juez, pero la experiencia no fue muy positiva”.

Explicó que la constitución de los tribunales con escabinos causaba mucho retardo, porque los sorteos demoraban demasiado, y a veces los seleccionados se excusaban porque desconocían la obligación que tenían, y era obligatorio comportarse como unos jueces, frente a algunas causas para las cuales habían sido convocados en virtud de un sorteo.

- Uno de los elementos más importantes que se están buscando es combatir la impunidad y el retardo procesal, mal podríamos seguir con la figura de los tribunales mixtos, por la demora que constituye el nombramiento de los escabinos.

Indicó lo que ocurre ahora. “No es que se haya eliminado la participación ciudadana, del pueblo, en los procesos jurisdiccionales, ahora con la constitución de los tribunales municipales penales, las comunidades organizadas, a través de los consejos comunales, van a tener una participación en lo que es la sanción o punibilidad que se les dé a los condenados en dichos tribunales penales”.

– Como no son delitos de lesa humanidad, sino delitos menos graves, las sanciones no son necesariamente la privación de la libertad, sino que va a ser la participación de las comunidades organizadas la que va a determinar qué tipo de sanción se le va a imponer, para que el penado retribuya a la sociedad el daño causado, a través de un trabajo comunitario.

En torno a quienes amenazan, incluso con demandar la nulidad y son detractores del código reformado, respondió: “no es fácil señalar a la gente que se opone de entrada a una cosa que estamos tratando de experimentar, o por lo menos determinar que es mucho mejor de lo que había. Siempre los cambios producen algún tipo de reacciones, algunos están de acuerdo, otros no, pero todo el mundo tiene todos los recursos necesarios, vivimos en un país democrático, de justicia social y de derecho, de manera que cualquiera puede disentir y recurrir ante los órganos jurisdiccionales y demostrar si está o no de acuerdo, en todo caso la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó la legalidad y la constitucionalidad de dicho ordenamiento jurídico, recientemente aprobado”.

Marina Sandoval Villamizar