Venezuela - Domingo 20 abril, 2014

Infogeneral - 13 mayo, 2012 | 12:00 AM

“Tercerización: fraude a la legislación laboral”

Ítalo Cañas: "OIT, inició la discusión en 1997".

El tema de la tercerización laboral, eliminada en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, publicada el pasado lunes 7 de mayo en la Gaceta Oficial No. 6.076, empezó a ser objeto de discusión desde el año 1997, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la reunión No. 85, de ese año, de acuerdo con el abogado Ítalo Cañas.

—Esta discusión, que continuó en las conferencias números 86 y 91 de los años 1998 y 2003, buscaba afanosamente enfrentar un problema que se agigantaba y le competía, como lo era la multiplicación de empresas sin trabajadores, y de millones de trabajadores, laborando sin ninguna protección.

Entre las conclusiones, recuerda Cañas, un informe preparado en el año 2006 para la conferencia No. 95, que señala: “Los profundos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, y especialmente en el mercado del trabajo, han dado lugar a nuevas formas de relaciones que no siempre se ajustan a los parámetros de la relación de trabajo, si bien en esas nuevas formas han aumentado la flexibilidad del mercado del trabajo, también ha contribuido a que no esté clara la situación laboral de un creciente número de trabajadores, y que, consecuencialmente, quedan excluidos del ámbito de la protección, normalmente asociada con una relación de trabajo”.

-¿En Venezuela desde cuándo se habla de tercerización?

“En nuestro país, desde hace mucho tiempo se han venido planteando reclamaciones laborales en los tribunales, fundamentadas en la necesidad de sustraer formas jurídicas civiles y mercantiles, para hacerlas valer en el ámbito laboral. De estos reclamos existe abundante jurisprudencia; el presidente de Fedecámaras, el día 3 de mayo, en una entrevista que le hiciera un canal de televisión, manifestó que la institución nunca estuvo de acuerdo con los contratos simulados; sin embargo, legalmente, es en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del año 2010, donde aparece por primera vez, la palabra tercerización”.

Dijo que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece en su Artículo 7, que: “El latifundio, así como la tercerización, son mecanismos contrarios a los valores y principios del desarrollo agrario nacional y, por tanto, contrarios al espíritu, propósito y razón de la presente Ley”.

—La novísima Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 47, no sólo señala qué debe entenderse por tercerización cuando categóricamente establece que se trata de… la simulación o fraude cometido por patrones o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral, pues además indica las autoridades que deben establecer la responsabilidad que corresponda en caso de haber lugar a ello—aseguró.

Según el abogado, “los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral, establecerán la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en caso de simulación o fraude laboral, conforme a esta Ley”.

—Si observamos este artículo 47, para la ley, la tercerización es una simulación o fraude, indicando por tanto, que el mismo es un hecho punible que es objeto de sanción,; por eso, la norma concluye, advirtiendo a los órganos administrativos y judiciales con competencia en materia laboral, el establecer la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en caso de simulación o fraude—afirmó.

-¿Cómo queda la tercerización a partir de ahora?

Sostiene el abogado que a partir de la promulgación de la nueva ley orgánica que regirá la materia laboral, la situación queda regulada por el artículo 48, de esa ley, que es muy explícito y trata de ser un tanto pormenorizado al establecer: Articulo 48. Queda prohibida la tercerización, por lo tanto no se permitirá:
1. La contratación de entidad de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante, relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma.
2. La contratación de trabajadores o trabajadoras a través de intermediarios o intermediarias, para evadir las obligaciones derivadas de la relación laboral del contratante.
3. Las entidades de trabajo creadas por el patrono o patrona para evadir las obligaciones con los trabajadores y trabajadoras.
4. Los contratos o convenios fraudulentos destinados a simular la relación laboral, mediante la utilización de foras jurídicas propias del derecho civil o mercantil
5. Cualquier otra forma de simulación o fraude laboral.
Las varias situaciones previstas en el citado artículo 48, facilita concluir afirmando, en primer lugar, que prácticamente quedan previstas la generalidad de las situaciones que se presentan en la práctica; y, en segundo lugar, que al presentarse un caso concreto que no aparezca catalogado, tanto la autoridad administrativa, como la judicial del área laboral, quedan investidos con una amplia facultad de interpretación para resolverlo, contrastando los presupuestos previstos en la norma.

Dice que la situación de los trabajadores, queda resuelta en la última parte del citado artículo 48, al imponer categóricamente:
“En los casos anteriores los patrones o patronas cumplirán con los trabajadores y trabajadoras todas las obligaciones derivadas de la relación laboral conforme a esta Ley, e incorporarán a la nómina de la entidad de contratante principal a los trabajadores y trabajadoras tercerizados o tercerizadas, que gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados efectivamente a la entidad de trabajo”.
—Como puede observarse, de la norma trascrita, la misma precisa quién es el patrono o patrona que debe responder a los trabajadores, por todas las obligaciones laborales; trabajadores que a su vez, quedan amparados y por tanto gozando de inamovilidad laboral, hasta que sean incorporados efectivamente, a la entidad de trabajo que señala la ley, siendo de destacar, que conforme a la primera, disposición transitoria de la ley, los incursos en la norma que prohíbe la tercerización, tienen un lapso no mayor de 3 años, contados a partir de su promulgación, para ajustarse a ella. Esta espera lo único que garantiza, es que durante el mismo, no pueda ser sancionado el infractor-, señaló el abogado Ítalo Cañas.

 

Augusto Medina


  • Espacio publicitario disponible - S3 (0426-2722583)

  • Noticias Anteriores

    abril 2014
    LMXJVSD
    « mar  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 
  • Espacio publicitario disponible - N4 (0426-2722583)