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9.5 millones de bolívares fueron desviados de una partida para pagar los aguinaldos a 130 trabajadores de la Unidad Coordinadora de Ejecución Regional (Ucer) en 2011, cuando en realidad eran 54, es decir, se detectó otra nómina paralela o infiltrada con 74 funcionarios que actualmente son buscados por la Fiscalía 23 del Ministerio Público, a fin de que respondan, al igual que los demás, por un dinero que otorgó el propio gobierno regional, pero proveniente de una partida que no estaba destinada para tal fin, denunció la dirigente del Psuv y coordinadora regional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Explicó Vivas que la irregularidad detectada, luego que el Consejo Legislativo pidió la investigación al Ministerio Público, “tiene atemorizados a los 54 trabajadores que legalmente laboran en la Ucer, quienes han sido víctimas de acoso psicológico y persecución laboral por parte de las autoridades de la institución, quienes los intimidan para que desistan de ejercer acciones legales, como demandar al estado en los tribunales civiles, pues les dicen que quedarán vetados en la administración regional y no conseguirán más empleo”.

— La Fiscalía 23 anticorrupción ordenó a estos 54 trabajadores el reintegro inmediato de los recursos recibidos a finales de 2011, ya que consideró que se está frente a una apropiación indebida de fondos públicos, delito tipificado en la ley. Y dio plazo hasta este viernes, primero de junio, para hacer efectivo el reintegro, de lo contrario los funcionarios que cobraron lo que les pertenecía serán imputados penalmente.

Señaló la vocera que “ellos están preocupados, porque muchos no cuentan con los recursos económicos para hacer dichos depósitos, como una madre de familia, soltera, que gana sueldo mínimo, y llena de angustia y con lágrimas en los ojos pidió ayuda porque no sabe qué hacer”.

— La administración irresponsable de Pérez Vivas, la cueva de Alí Baba y los sesenta ladrones, le dijo a los trabajadores que erogaran de sus bolsillos y que ellos tramitarían ante el Consejo Legislativo un crédito adicional para reintegrarles el dinero, cuando saben que no tienen moral ni justificación para acudir al Parlamento a hacer tal solicitud, pues fueron ellos los que se apropiaron de manera indebida de los recursos del pueblo del Táchira.

Por ello, Vivas, en representación de los afectados, solicitó a los organismos de control y fiscalización de la administración pública que lleguen al fondo de esta investigación y se reparen los daños ocasionados a los funcionarios. Asimismo, queremos que se abra una investigación a la Fundación Táchira Grande, en vista de que tenemos conocimiento de fuga de recursos económicos del estado, a través de esta dependencia de la Gobernación”.
Leidy Zafra