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Por presunta co-responsabilidad en el caso del desfalco al Estado y al patrimonio desde la Dirección de Personal de la Gobernación, hecho por el cual fueron privados de su libertad 22 funcionarios, entre estos cinco directores, el Consejo Legislativo aprobó, en la sesión de este jueves, la solicitud de destitución del secretario general de Gobierno, Julio César Hernández, hecha por el diputado Luis Mendoza, quien preside la Comisión de Contraloría del Parlamento.
Mendoza, junto con la parlamentaria Zoraida Parra, miembro de la Comisión que investiga el caso de la nómina infiltrada, indicó que esta solicitud está ajustada a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, ordinal 12 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos, ante la falta de supervisión, y omisión de las irregularidades que se cometieron por parte de los funcionarios públicos que ejercían las funciones administrativas.
Precisó el diputado que, entre las irregularidades detectadas, destacan que “durante la elaboración de las nóminas de la Dirección de Personal de la Gobernación se violaba el Manual de Normas y Procedimientos, acatando instrucciones verbales emanadas por parte del Director; según declaración de la auditora interna, de fecha 12 de marzo de 2012, efectuar los cálculos de las nóminas e ingreso de personal a las respectivas nóminas de los trabajadores”.
Asimismo, las órdenes de pago emitidas por la Dirección de Finanzas de la Gobernación del Estado, para cancelar nóminas de personal contratado y administrativo, liquidación de personal contratado, bedeles de escuelas; y liquidación de personal contratado y Emergencia 171, no se encontraban respaldadas con la suficiente documentación justificativa del gasto.
Consideró que “esta indiferencia por parte del secretario general de Gobierno presume la inobservancia e incumplimiento en los actos y normas de procedimientos administrativos, ejecutados durante la realización de operaciones, para la elaboración y pago de las nóminas del personal correspondiente a la Gobernación”.
Mendoza dijo que se solicitó al Ministerio Público ejecutar las acciones a las que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa del secretario general de gobierno en el ejercicio de sus funciones, “siendo él responsable directo como ordenador de pagos de personal, en perjuicio del patrimonio público del estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 285, ordinal 5, de la Constitución Nacional”.
Mencionó que el informe final será elevado a las comisiones permanentes de Contraloría y Finanzas de la Asamblea Nacional, asimismo a la Contraloría General de la República y del estado Táchira, para su respectiva evaluación y análisis.

 

Leidy Zafra