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Las autoridades policiales que investigan el asesinato del juez principal de La Grita, Edixon Olano Jaimes, lograron confirmar durante las indagaciones que han adelantado, que son seis los delincuentes plenamente identificados que participaron en el hecho.

Adicionalmente al abogado Jorge Márquez, y su presunto cómplice, el joven de 20 años, Francisco Montilla – quien sería el autor intelectual y uno de los autores materiales, respectivamente- recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente, la orden de captura fue emitida contra un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc; un exefectivo de la Policía del estado Táchira, y otros dos civiles. Estos últimos, supuestamente con residencia en Palmira, municipio Guásimos.

Sin embargo, la complicidad de un séptimo sujeto es evaluada, toda vez que las pruebas que tienen contra él no son suficientes como para demostrar su implicación en el asesinato.

Sobre estos tres últimos no se logró conocer mayor información, pero no se descarta que sean parte de la banda organizada a la que pertenecía Montilla, la misma que en noviembre del año pasado fue desmantelada por el Cicpc cuando habría intentado asaltar la residencia del alcalde del municipio García de Hevia, Willington Vivas.

Cabe destacar que Montilla también fue aprehendido en esa oportunidad por la policía científica, y entre las evidencias de interés criminalístico que les retuvieron, había dos armas, consideradas como de guerra, una granada fragmentaria modelo GP.M 75 y el mismo vehículo Ford Ka, negro, que fue suficientemente señalado por los testigos, como el carro utilizado por los asesinos del juez Olano Jaimes.
En este particular, una vez se conoció el muy reciente pasado judicial del joven, hubo críticas entre algunos allegados al magistrado asesinado, a pesar de que la evidencia que le retuvieron en esa oportunidad cuando lo capturaron junto a cinco cómplices, era suficiente como para que aún estuviera tras las rejas.
Montilla y los otros cinco jóvenes, también fueron acusados hace 9 meses, de extorsionar y cobrar “vacuna” a productores agropecuarios y comerciantes de la zona norte.
Consideran el hecho de que una sentencia justa habría mantenido aún tras las rejas este muchacho, y por ende, no habría participado en el crimen del juez.
No llevaba el dinero
Según fuentes ligadas a la investigación, el caso del juez Olano, está prácticamente resuelto, policialmente hablando. Solamente queda por concretar las capturas de los cuatro implicados en fuga y confirmar o descartar la posible participación del otro, en el mismo.
El móvil del hecho sigue siendo el robo. Se dijo que los criminales que lo interceptaron y asesinaron, se equivocaron al pensar que la víctima llevaba consigo, en ese momento, una millonaria suma de dinero, como se supone que les habían informado.
Solamente cargaron con una suma muy inferior a lo que esperaban, los teléfonos celulares y su pistola automática, para la cual el juez tenía porte legal.
Tras las primeras investigaciones a cargo de la subdelegación del Cicpc La Grita, a los pocos días del crimen del juez, lograron la aprehensión de Montilla, en Palmira.
Allí le decomisaron el arma incriminada en el asesinato y el vehículo Ford Ka, negro. Al otro día, luego de una visita domiciliaria a la residencia del abogado Márquez, hallaron el arma incriminada en el homicidio del juez, una pistola Glock, calibre 9 milímetros, así como 31 proyectiles de la misma medida, y ante esta evidencia, el Tribunal Noveno de Control ordenó una visita domiciliaria en su casa de habitación, en el barrio Libertador, donde procedieron a la aprehensión del profesional del derecho.
En la audiencia de presentación de los detenidos Francisco Montilla y Jorge Márquez, los fiscales 47º nacional auxiliar y 27º del Táchira, Harold Ocando y Sami Hamdan Suleiman, respectivamente, imputaron al segundo de ellos de la presunta comisión del delito de homicidio calificado en la ejecución de robo agravado, en grado de determinador, y asociación para delinquir. También, ocultamiento de arma de guerra y municiones para armas de ese tipo.
En tanto que al muchacho de 20 años le imputaron presunta coautoría del delito de homicidio calificado en la ejecución de robo agravado; privación ilegítima de libertad bajo amenaza; ocultamiento de arma de guerra y asociación para delinquir. El tribunal ordenó su reclusión en el CPO.
Hace cerca de un mes, concretamente el 31 de julio, el magistrado Edixon Olano Jaimes, de 41 años de edad, murió en el CDI de La Grita, a consecuencia de al menos tres balazos, luego de ser sorprendido y atacado por un grupo de delincuentes, en el sector Los Judíos.
Previamente, una media hora o 45 minutos, los antisociales habían irrumpido en la casa, y luego de someter a dos empleados, a los que mantuvieron secuestrados, abordaron al juez a su llegada. Pese a que enfrentó a tiros a los criminales, estos lo hirieron mortalmente.