Uno de los asesinos del Juez estuvo preso por extorsionador

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Uno de los asesinos del Juez estuvo preso por extorsionador

Hace nueve meses, el joven de 20 años implicado en el asesinato del juez principal de La Grita, Edixon Olano Jaimes, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, presuntamente por intentar asaltar la residencia del alcalde del municipio García de Hevia, Willington Vivas.

Según un parte de prensa ofrecido el 11 de noviembre de 2011 por el comisario Juan de La Cruz Pereira, jefe del Cicpc-Táchira, Francisco Gabriel Montilla Zambrano, de 19 años en aquel momento, fue aprehendido junto a otros cinco cómplices, cuatro hombres y una mujer.

Pereira declaró en aquel momento que adicionalmente la pandilla, a la que pertenecía Montilla Zambrano, “se dedicaba a la extorsión de productores agropecuarios y comerciantes de la zona norte del estado. Estos individuos conducían dos vehículos: uno marca Hyundai, modelo Accent, plata, placa VBA-47H, y el otro es un Ford Ka, placa MEV-97U, negro”.

Refirió en esa oportunidad que, a través de labores de patrullaje efectuadas por la Brigada de Delincuencia Organizada, de la subdelegación de San Cristóbal, lograron desmantelar al grupo delictivo y que en el interior de los vehículos hallaron dos armas de fuego, tipo pistola, calibre 9 milímetros, y un artefacto explosivo o granada de mano, modelo GP.M 75.

Pese a que en ese hecho la Fiscalía 27 hizo la acusación, en la audiencia preliminar ante la Fiscalía 31, con competencia en juicio, los acusados admitieron los hechos y fueron sentenciados a una condena baja, por el delito de ocultamiento de arma de fuego. Es decir, para el momento del crimen de Olano Jaimes, Montilla tenía poco tiempo en libertad.

Detenido en Palmira

Montilla Zambrano fue aprehendido en su residencia, en Palmira, durante un allanamiento practicado por una comisión de la policía científica, atendiendo una solicitud de la Fiscalía, ante el Tribunal Noveno de Control.
En el allanamiento le retuvieron una pistola Glock, calibre 9 milímetros, que luego de los análisis de balística se estableció que fue utilizada en el crimen del magistrado. Igualmente se le retuvo el vehículo Ford Ka, negro, que tanto se mencionó al hacer alusión al carro en el que se movilizaron los asesinos, el mismo que en noviembre de 2011 le retuvieron a la banda.
Al otro día, el sábado en la mañana, una comisión de la subdelegación del Cicpc-La Grita practicó una visita domiciliaria a la residencia materna del abogado Jorge Iván Márquez, presidente del bufete Márquez & Asociados, allí mismo, en La Grita.
Sin embargo, no hallaron al profesional del Derecho. Solamente pudieron colectar, como evidencia de interés criminalístico, una pistola, la misma que le fue sustraída al juez Olano, luego de abalearlo, el 31 de julio.
También decomisaron en este domicilio 31 proyectiles del mimo calibre. Con estos elementos a favor, allanaron otro inmueble de Márquez en el barrio Libertador, en San Cristóbal, donde lo aprehendieron, bajo la sospecha de autoría intelectual del hecho.
Serían recluidos en el CPO
Este lunes, en la tarde, el Ministerio Público logró privativa de libertad para el abogado Jorge Iván Márquez, de 36 años de edad, y Francisco Gabriel Montilla Zambrano, de 20 años de edad, por su presunta vinculación con la muerte del juez Edixon Elberto Olano Jaimes.
En la audiencia de presentación, los fiscales 47º nacional auxiliar y 27º del Táchira, Harold Ocando y Sami Hamdan Suleiman, respectivamente, imputaron a Márquez por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en la ejecución de robo agravado, en grado de determinador, y asociación para delinquir. También, por ocultamiento de arma de guerra y municiones para armas de ese tipo.
A Montilla Zambrano lo imputaron por presuntamente ser coautor del delito de homicidio calificado en la ejecución de robo agravado; privación ilegítima de libertad bajo amenaza; ocultamiento de arma de guerra y asociación para delinquir.

Ante los elementos de convicción presentados por los fiscales, el Tribunal Noveno de Control de Táchira dictó medida privativa de libertad para ambos, fijó como sitio de reclusión el CPO, a donde se supone que serían trasladados este martes, aunque a las 5:00 de la tarde aún permanecían en los calabozos del Cicpc.

Al menos cinco investigados más

Se pudo conocer que al menos otros cinco hombres estarían bajo investigación por el asesinato del juez tachirense. Pues, en este caso, además de los autores intelectuales y materiales, existirían los conectores, es decir, los encargados de ubicar y negociar la perpetración del delito, con la banda que operó.

Sobre la identidad de estos sospechosos, se mantiene el más absoluto secreto, solamente ha salido a la luz pública que entre ellos estaría un exfuncionario de la Policía del estado, que habría huido, pero tampoco se ha informado sobre el grado de implicación en el crimen.

Vale acotar que el lunes un funcionario activo de Politáchira, que según el Cicpc solo estaba siendo “investigado” por el hecho, denunció que desde el viernes que lo aprehendieron, hasta el domingo, cuando por intermedio de la directiva policial lo dejaron en libertad, fue víctima de torturas.

Jesús Berro, director de Politáchira, en este particular indicó que el funcionario fue ilegítimamente privado de su libertad, sin que la fiscalía ni siquiera tuviera conocimiento, además de que sus derechos humanos fueron violentados.

En función de ello, tal como lo anunció, este martes en la tarde interpusieron esta denuncia ante la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales, instancia que le decretó una medida de protección al efectivo, extensiva a su familia, pues según reveló fueron amenazados de muerte.

Este martes, en la mañana, el policía en cuestión fue llevado a Medicatura Forense, en compañía de cuatro escoltas, y luego trasladado al comando central, donde permanece para resguardar su integridad.

Miriam Bustos